Patricia Fernández Madrid. 5 AGO 2018
La atención psicológica y el acompañamiento de los niños y niñas durante los procesos de violencia de género son fundamentales para asegurar su bienestar emocional y su desarrollo óptimo.
En este sentido, contar con el apoyo de profesionales y de una red que les proteja y ampare durante el proceso se convierte en uno de los ejes vitales para su recuperación. Sin embargo, este punto se veía no solo limitado, sino en numerosas ocasiones coaccionado, por el progenitor agresor. Lo que impedía la asistencia psicológica de los hijos e hijas, de manera que pasaba a convertirse en una de las estrategias que permitían al agresor perpetuar el maltrato hacia los niños y hacia su madre.
Es innegable que hecho de restringir la capacidad del agresor para decidir si los hijos e hijas, es decir, las víctimas, tienen asistencia psicológica o no y de qué tipo, no solo significa arrebatarle una potestad que judicialmente nunca debió tener, sino garantizar a los menores que su reconocimiento como víctimas va a acarrear su protección como tales.
Asegurar el reconocimiento de los menores como sujetos activos de derecho dentro de los procesos judiciales
Por ello, la aprobación del Real Decreto-ley que “incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos”, supone un gran paso en la dirección correcta.
De esta forma, se asegura el reconocimiento de los menores como sujetos activos de derecho dentro de los procesos judiciales capaces de acceder a la atención psicológica sin necesidad de que la misma persona que les dañó sea la que decida si tienen o no acceso a una recuperación.
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